En el contexto actual del mercado inmobiliario catalán, la figura del gran tenedor se ha convertido en un actor central, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y las regulaciones específicas para zonas tensionadas. A diferencia de la definición estatal —que considera gran tenedor a quien posee más de 10 inmuebles urbanos o 1.500 m² destinados a uso residencial—, en Cataluña esta categoría se aplica a propietarios con cinco o más inmuebles en zonas declaradas tensionadas.
Este umbral más restrictivo ha generado controversias y numerosas consultas jurídicas, debido a su aplicación automática y a menudo desproporcionada. Muchos pequeños inversores que destinan sus inmuebles al alquiler como forma de ahorro o complemento a su jubilación se encuentran ahora bajo una normativa pensada inicialmente para grandes patrimonios inmobiliarios.
Los grandes tenedores en Cataluña deben cumplir con obligaciones específicas, como la limitación del precio del alquiler en función del índice estatal, incluso en contratos de temporada o por habitaciones. Asimismo, ante un desahucio por impago, pueden estar obligados a ofrecer un alquiler social si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad. A esto se suma el deber de garantizar la habitabilidad y el mantenimiento de los inmuebles conforme a la normativa vigente.
Otro punto clave es el derecho de tanteo y retracto por parte de la Generalitat. En caso de querer vender una propiedad, esta puede ejercer su preferencia de compra, lo que añade un factor de incertidumbre al proceso de transmisión de activos.
Estas medidas, aunque buscan frenar la escalada de precios y proteger a los inquilinos, también han sido señaladas como posibles desincentivos a la inversión privada en vivienda. Muchos propietarios podrían optar por desinvertir en un mercado que consideran excesivamente intervenido.
En Carolina Balista comprendemos los retos a los que se enfrentan los propietarios en este nuevo escenario. Por eso, ofrecemos asesoramiento especializado para ayudarte a tomar decisiones estratégicas que garanticen el cumplimiento legal y la rentabilidad de tus inversiones.